San Cristóbal de Las Casas, Chis. 2 de Febrero. Con movilizaciones realizadas en varios municipios de Chiapas y en otras regiones del país, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), Coordinadora Regional Plan de Ayala (CNPA)-Movimiento Nacional (MN), iniciaron este 31 de enero una “jornada de lucha” denominada “Movimiento por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas”.

Por lo que la mañana del martes 31 de enero, un grupo de aproximadamente 150 integrantes de las citadas organizaciones sociales, la mayoría mujeres indígenas de la región Altos, recorrió las principales calles y avenidas de la ciudad, concluyendo con un mitin en la Plaza de Catedral.

Los representantes del MOCRI dijeron que el abandono crónico del campo y la acumulación de conflictos sociales, están generando las condiciones para que los intereses del gobierno determinen los comicios en puerta, así como las condiciones de gobernabilidad después de la elección presidencial.

Manifestaron que los procesos electorales del presente año se realizarán en un ambiente enrarecido por la polarización de la política y un afán del titular del Ejecutivo Federal por retener a toda costa el poder para su partido, la violencia vinculada a la acción del crimen organizado, la vulnerabilidad de la economía ante la recesión de la euro zona y desaceleración en Estados Unidos.

Mencionaron que existe un alto riesgo de que se produzca una grave crisis social y política al amparo de la cual se busque imponer una regresión autoritaria o populista mediante la reducción o eliminación de derechos sociales fundamentales, que han sido ganados con años de lucha social.

Por lo que el Programa Alimentario que proponen está sustentado en los Artículos 4o. y 27 de la Constitución, reformados en 2011, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para 2012, que contempla un monto de recursos de 38 mil 300 millones de pesos dentro del Programa Especial Concurrente (PEC), enmarcados en el denominado Programa de Derecho a la Alimentación.

En el ámbito nacional, ratificaron su exigencia de solución de los problemas planteados por los mineros en Taxco, Sombrerete y Cananea, la reactivación y restructuración de la aerolínea Mexicana de Aviación y la respuesta satisfactoria al proyecto de reinserción laboral de los trabajadores del SME.

Advirtieron que de ninguna manera aceptarán que se supriman las fuentes de trabajo de los electricistas y de los trabajadores de Mexicana, ni la cancelación de las relaciones laborales en Cananea.

Indicaron que se pretende imponer una contrarreforma que atenta los derechos laborales individuales y la contratación colectiva. La libertad y autonomía de los sindicatos están secuestradas por los empresarios, el Gobierno Federal y gobiernos estatales, incluso los que se definen de izquierda, ejemplo de ello es el reglamento de criterios de la JLCA del DF y la negativa a otorgar la toma de nota y el trámite de emplazamientos a huelga al SUTIEMS y al SUTUACM.

Señalaron que la inequidad y la discriminación continúan afectando a las mujeres trabajadoras, lo que se advierte en espacios tan sensibles como el acceso al trabajo, el pago de remuneraciones en función al valor del trabajo realizado o la promoción a puestos de dirección y liderazgo.

En el ámbito estatal, se pronunciaron por el fin de la persecución contra las organizaciones en el estado de Chiapas. Exigieron la liberación de Francisco Jiménez Pablo, Erick Bautista Gómez, Martín Salazar Arballo y de Miguel Marques Ríos, y libertad de los presos políticos de otras organizaciones sociales, del SME y los mineros; y dijeron, no a la criminalización de la lucha social.

En materia de seguridad y derechos humanos, existe un marcado desprecio y deterioro de la capacidad del gobierno para afrontar sus responsabilidades más elementales y hacer valer el Estado de derecho.

“Al amparo del uso faccioso y la corrupción del aparato de justicia, se han elevado los casos de violaciones a los derechos humanos, así como la persecución, hostigamiento, detención y asesinato de diversos dirigentes, luchadores sociales y defensores de los derechos humanos”, denunciaron.

Hicieron un llamado al Gobierno Federal a cumplir con el punto de acuerdo para retomar el proceso de diálogo con su movimiento y demandaron su intervención en la resolución de los conflictos que involucran a los mineros, los electricistas y los trabajadores de Mexicana de Aviación.

Protesta en oficinas de SEDESOL

El lunes 30 de enero, miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) protestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en San Cristóbal de Las Casas, en demanda de que sean otorgados diversos proyectos productivos y de infraestructura social.

Con palos y enormes mantas, se plantaron en las oficinas de SEDESOL, ubicadas en la colonia Doctores, del barrio de San Diego, donde bloquearon por varias horas las calles Vesalio y Paracelso.

“Atendimos a un llamado de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, estamos haciendo un movimiento principalmente por la soberanía alimentaria a nivel nacional; nos movilizamos hacia SEDESOL porque es una de las dependencias donde hemos encontrado una cerrazón más grande a nuestras demandas de inversión productiva, infraestructura social, no ha habido  solución”, indicaron.

Durante la manifestación fueron atendidos por funcionarios menores, por lo que la portavoz de los inconformes dijo que estaban “esperando al responsable de la dependencia a nivel regional, y exigimos que nuestras comisiones en Tuxtla Gutiérrez y en México sean recibidas para poder solucionar las demandas de proyectos de infraestructura social, sobre caminos, aulas, etc.”.

Mencionó que estarían protestando el tiempo que fuera necesario, “cuando la comisión sea recibida y haya un proceso de diálogo y una solución a nuestras demandas, hasta entonces estaremos aquí”.

Informó que durante 4 años han pedido a SEDESOL les otorgue los proyectos productivos, aunque afirmó que el retraso “tiene que ver que sea una organización reprimida por el gobierno de Sabines”.

Exigieron que se impulse un Programa Alimentario Emergente y para ello instalar una mesa de diálogo entre el Congreso de la Unión, las organizaciones campesinas del país y el poder ejecutivo federal.

La movilización también fue para pedir la libertad de Francisco Jiménez Pablo y Erick Bautista Gómez (el primero detenido el 7 de abril del año 2010 en el Distrito Federal y recluido en el penal de Nayarit, y el segundo detenido en el año 2009 y encarcelado en el penal de Tapachula).

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