Por la justicia a las mujeres en Chiapas.

A la Opinión Pública, al Ejecutivo Estatal, Legisladora/es y Poder Judicial de Chiapas:

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A. C. – también conocido como COLEM, somos una organización sin fines de lucro, que surge en mayo de 1989 y tiene como ejes de trabajo la lucha contra la violencia a las mujeres, en especial la sexual y/o doméstica, incluyendo la de tipo feminicida, también trabajamos por la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

Por ello nos permitimos expresar nuestra preocupación por los derechos de las mujeres ante la falta políticas y/o acciones concertadas, certeras y contundentes ante la multitud de casos con y sin denuncia de violencia a las mujeres. Por ello observamos que mientras se gastan millones en publicidad en Chiapas, la violencia a las mujeres incluido el feminicidio, la impunidad, la falta de debida diligencia, las omisiones evidentes y la falta de atención a los problemas derivados de la violencia a las mujeres, persiste.

Durante la administración de Juan Sabines hay cientos de mujeres asesinadas, según hemos reportado cada año en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: 138 de ellas en un sólo en el primer semestre (2009), muchas de ellas en municipios fronterizos y se clasifican bajo el genérico de “cadáveres indeterminados” (más de 60 en ese informe de la propia Procuraduría General de Justicia de Chiapas), siendo las regiones fronterizas seguidas por la centrales y altos, con más alto índice de asesinatos, según el recuento hemerográfico realizado por COLEM durante estos años. En un periodo de un año suman por lo menos 4 las mujeres que denuncian violencia de sus parejas, que a su vez son “presidentes municipales” , la semana pasada una mujer mayor fue “suicidada”…, ayer violaron y dieron por muerta a otra mujer…

Los delitos de violencia contra las mujeres, están conformados por hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación a sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Esta violencia culmina con el asesinato porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores, ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello se contribuye a la impunidad, misma que conlleva a la ruptura del Estado de derecho, ya que el estado es incapaz de garantizar la vida y seguridad de las mujeres, de actuar con legalidad y de procurar justicia.

Esta afirmación se basa en la observación de la lentitud y torpeza de la actuación de los Juzgados en materia penal y familiar cuando tienen en su haber casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, violación, hostigamiento sexual, pensión alimenticia, divorcios, y como en este testimonio de KATHYA MONSERRAT LOPEZ BANDA y su menor nena GIOVANA LINETH DIESTEL LOPEZ, etc.. En la cárcel de San Cristóbal hay casi 50 mujeres víctimas de discriminación, 3 por mal partos convertidos en homicidios calificados, una anciana en estado deplorable de salud por marginación extrema, que nunca alcanzará el beneficio de el indulto como Mariano Herrán, y seguirá purgando 27 años de prisión por el delito de “brujería”, por la intoxicación y muerte de un joven cuyo envenenamiento esta más que confuso. Víctimas de trata que son re victimizadas por el sistema de justicia, que hoy las “luce” como “traficantes”, mientras que los criminales siguen libres, y así infinidad de casos, en donde “debido proceso”, “justicia expedita”, igualdad jurídica son derechos y principios enterrados igual que ellas.

La ausencia de mecanismos para la implementación de medidas de protección para las mujeres que sufren violencia, que podrían poner a salvo a las mujeres de sus agresores, como en este y otros casos, que se agravan cuando hay menores de por medio, ponen a un lado la ley que tantas muertas ha costado y es aplicada no a nuestro favor, sino contra nosotras.

Los casos de violencia doméstica, aún en los más graves, en donde las madres, atendiendo al mandato social, huyen de un “hogar” para salvar a sus hijos y/o hijas, su vida, su libertad e incluso su patrimonio, no es apoyada por las autoridades, pese a contar con una Ley expresa para ello nacional y estatal. No hay respuesta rápida para ella, sigue peregrinando de una instancia a otra con altos costos económicos, sociales y familiares, se queda a la mitad de un proceso traumante para ella y sus hijos, se le exigen pruebas absurdas, y las medidas de protección se aplican en su contra. Así, al demandar la separación o divorcio, las medidas de seguridad u otros mecanismos, que los hombres obtienen automáticamente, sin sacrificar su libertad, en las mujeres se ofrece un “refugio”, quedando ella técnicamente encarcelada en el mismo. Mientras no se dicte sentencia del juicio de divorcio, y en éste se confirmen las agresiones, los padres violentos tienen la oportunidad de convivir con los y las hijos/as, sin importar los trastornos psicológicos que pueda causarse a los menores.

La pensión sigue otorgándose en papel, pero no en la realidad, pues persiste el prejuicio de algunos juristas incluídos jueces, fiscales y otros funcionarios que aseguran o creen que las mujeres quieren despojar de sus pertenencias a los hombres porque no saben o no quieren trabajar, o peor aún, “mantendrán a otro”, ello olvidando que el derecho de convivencia no es de los padres/madres y los/las hijos/hijas, sino de los/las hijos/hijas con los padres/madres y son estos últimos quienes deben decidir sobre dicho trato.

Con preocupación, las organizaciones civiles, feministas y de mujeres hemos dado seguimiento a las promesas y compromisos del gobernador y a la infinidad de publicidad que hay en torno a programas para las mujeres incluido el Centro de Justicia para Mujeres prometido en marzo del 2011, reiterado en junio (se inaguraría en menos de 60 días, y que abrió hasta el 26 de noviembre, sólo en Tuxtla (las que viven en otras partes sufren de algo que se llama agravio comparado, es decir tienen más derechos que otras que no viven en la capital del estado), y aunque que ostenta haber atendido a 40 personas por día entre 12 instituciones, no vemos los resultados.

Observamos que pese a la propaganda, hasta el momento NO existen recursos para implementar numerosas acciones urgentes en materia de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en el DIF, Procuraduría y más. Se anuncian programas para la atención de la violencia, pero son de tipo temporal, sin suficientes recursos, que se quedan en el aire mientras se valora su importancia, como si la violencia a las mujeres sólo se diera de julio a diciembre, los recursos se retrazan y no se entregan en tiempo. No hay personal suficiente y los espacios son indignos y poco funcionales. No hay fiscalías especializadas suficientes, y las que hay repiten errores de las agencias comunes, con el agravante de estarán atendidas por mujeres, que generan falsas expectativas en quieres requieren sus servicios. Contrariamente a lo que anuncian en engañosa campañas, persisten las deficientes condiciones en las que funciona la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, lo cual pone en evidencia el nivel de importancia que tiene la procuración de justicia para este gobierno.

Se instaló simbólicamente el Consejo Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres, tal como lo contempla la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, pero sus integrantes no se han reunido formalmente para tomar acciones frente a la grave situación que afecta a las mujeres en Chiapas.

En diciembre de 2009, con un derroche inusitado de recursos de tiempo y dinero se aprobó una reforma constitucional, paradójicamente llamada de “Paternidad Responsable”, que obviamente aumenta la muerte materna al generar condiciones de clandestinidad a las mujeres que abortan, aún espontáneamente y son hoy juzgadas con severidad inusitada, no por aborto, sino por homicidio agravado por parentesco (que casi nunca se aplica a los agresores en quienes fue pensada), así aunque se hable de las mujeres en Chiapas se carece de una perspectiva de género, en la que no fueron tomadas en cuenta las propuestas ciudadanas planteadas por los organismos de mujeres y otras instancias de la sociedad civil, a fin de garantizar la ciudadanía de las mujeres, y la casi inexistente demanda de juicios de paternidad, obviamente opacada por los intereses e intervención de una la jerarquía católica cada vez más descarada y cínicamente intromisoria en la política de un estado que se presume “laico”. De nueva cuenta para el ejecutivo y legisladores/as al parecer no existimos.

Estamos hartas de la corrupción, de los asesinatos contra mujeres y niñas, de la persecución a defensoras de derechos humanos, de la impunidad de agresores de mujeres amparados en su puesto político, de asesinos libres, de violadores sin castigo,  de la permisibilidad que el estado da a la agresión contra las mujeres.

Demandamos una política de procuración y administración de justicia concreta y efectivo, sin simulaciones, a cargo de personas capaces, sensibles y congruentes, sin compromisos personales o electorales que se interpongan con su deber institucional.

Que los casos aquí presentados tengan pronta y positiva respuesta, sin que ello implique un proceso previo para las mujeres que nos implique demostrar que somos el estereotipo de “mujer abnegada y merecedora de atención y justicia”.

La restitución de derechos, es parte de las medidas cautelares, el estado no puede justificar y menos beneficiarse de sus carencias y omisiones.

Grupo de Mujeres y las firmantes demandamos respuestas para el caso de KATHYA, solución definitiva a los casos de CUSTODIA, evitar la traumática separación de menores y que sean usados para “manipular, dominar y controlar” a la pareja, pues ello es una grave violación a los derechos de las mujeres, atenta contra el interés superior del niño y la niña.

¡No más violencia contra las mujeres!

¡No más sangre de mujeres al amparo de la injusticia y la impunidad!

¡Plenas garantías al derecho de las mujeres a una vida sin violencia!

¡No más simulación queremos Acción!

San Cristóbal de las Casas, 31 de enero de 2012.

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