El Congreso del estado ha recibido del Ejecutivo una propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Chiapas para incorporar al mismo un nuevo delito, el de “acechanza”.

Casi la totalidad de las iniciativas para reformar la Constitución o las leyes provienen del Ejecutivo. Aunque la Constitución Política de Chiapas faculta a otros actores para presentar iniciativas, entre ellos los diputados o diputadas, incluso también el Consejo de Derechos Humanos, todos éstos se abstienen de utilizar esa facultad.

En todos los casos, las iniciativas para reformar la Constitución o las leyes, una vez que llegan al Congreso, pasan por el trámite que corresponde como un mero formalismo para llegar a su aprobación. En ninguno de los casos las propuestas pasan, ni a comisiones ni al pleno, por discusiones sobre la necesidad de la reforma, la viabilidad de la misma, los efectos en la ciudadanía, etcétera. Es más, las propuestas no las discuten los legisladores ni siquiera fuera del recinto legislativo.  Pareciera que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo constituyeran órdenes que deben acatarse sin discusión alguna.

Hace pocos días se reformó, una vez más, la Constitución  Política del Estado para extender el período en que el Gobernador tenga que rendir su informe. ¿Cuáles fueron las razones para extender el período?  Nunca lo supimos. Tampoco lo supieron los legisladores. Menos se enteraron los ayuntamientos que tuvieron que aprobar en forma inmediata la reforma.

Lo que sí supimos es que, la misma noche en que aprobaron la reforma a la Constitución, todos los diputados y diputadas “fueron invitados” a  Casa de Gobierno para que se les “agradeciera” haber aprobado la iniciativa. Puede ser que el agradecimiento tomara la forma de un saludo del Gobernador, o bien de un “regalo” entregado por personas cercanas al mismo. Lo cierto es que la conclusión de un proceso de reforma a la Constitución, revela lo vergonzoso e inutilidad de la representación popular en el Congreso.

Por eso ahora que se propone incorporar el delito de acechanza al Código Penal no debemos esperar una acalorada discusión entre quienes integran el Congreso sobre los pros y contras de la propuesta. En el Congreso no existe capacidad de discusión y resistencia a las iniciativas que provienen del Ejecutivo.

La creación del tipo penal de acechanza pretende justificarse en la necesidad de castigar a “aquel que mantenga una vigilancia física o visual de manera constante o repetida, sin orden de la autoridad competente; o a quien hostigue de manera intencional y continua a través del envío repetido de comunicaciones verbales o escritas o por medios electrónicos.”

Aunque todavía no conocemos la justificación que acompaña a la propuesta de adición, podemos advertir que la descripción del tipo penal, como se denomina en derecho penal al delito, es muy general, tanto que podría aplicarse a una variedad de situaciones. Por ejemplo, podría aplicarse a los espías que trabajan para el gobierno del estado, conocidos como “orejas”, puesto que ellos llevan a cabo actividades de vigilancia física y visual sobre personas identificadas por el gobierno como oponentes políticos, e incluso sobre activistas de los derechos humanos. Pero también podría aplicarse a periodistas que realicen esa misma actividad con finalidades de información.

Las definiciones penales amplias dan lugar a arbitrariedades y abusos para aplicar el delito tanto en casos que pueden justificarse, como en otros, en que el delito se emplea para afectar a opositores. Así se utilizan algunas otras figuras jurídicas, como la asociación delictuosa, el atentado contra la paz y la integridad física y patrimonial del estado, entre otras.

Por eso sería importante que los y las legisladoras discutieran los alcances de la acechanza, la necesidad y justificación de su reconocimiento como delito, así como las implicaciones que podría tener en su aplicación.

La falta de discusión y de contrapesos al Ejecutivo es lo que genera que, en materia penal, se engorde el Código Penal con delitos que no se justifican o que sólo sirven para reprimir a opositores políticos.