La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas informó que el 15 de noviembre del presente año fue detenido el ex alcalde, Mariano Díaz Ochoa, en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de peculado (de más de 17 millones de pesos), asociación delictuosa (que indica la participación de más de dos personas) y ejercicio indebido del servicio público.

La misma dependencia dijo que la investigación en su contra y la correspondiente orden de aprehensión obedeció a que el “Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado detectara serias deficiencias técnicas en la ejecución de obras, erogaciones improcedentes, erogaciones injustificadas, faltante de documentación comprobatoria del gasto, ingresos omitidos, pagos en exceso en la ejecución de obras, recursos ejercidos con fines distintos a sus objetivos, y saldos pendientes de comprobar.”

Una semana después, el martes 22, el ex alcalde fue puesto en libertad. Esta vez nada dijo la dependencia que llevó a cabo la investigación y que la consignara ante un juez. De hecho, nadie ofreció una explicación oficial sobre el desenlace de la detención del ex alcalde, a pesar de que el caso es de interés público. Las dudas no encuentran respuesta oficial, la sorpresa es evidente, la impunidad se impuso y la corrupción también.

El que escribe no prejuzga la responsabilidad o no del ex alcalde; sin embargo, es evidente que no ha quedado claro si el ex funcionario malversó fondos públicos o no, puesto que no se dieron a conocer las razones por las cuales fue puesto en libertad. La respuesta jurídica es obvia, fue puesto en libertad por “falta de elementos para procesar”, o lo que es lo mismo, el juez no encontró elementos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. Pero esta no es una explicación convincente, sobre todo cuando conocemos la facilidad con que se encarcela y se inician procesos penales en nuestra entidad. Sobran los ejemplos de funcionarios públicos o líderes sociales que han sido encarcelados y que no fueron liberados seis días después, como lo fue el ex alcalde.

La liberación del ex alcalde deja muchas interrogantes, y confirma lo que es evidente: se utilizan las instancias de administración y aplicación de justicia para finalidades políticas. También confirma la debilidad del Poder Judicial, que un día le piden que gire una orden de aprehensión y otro que libere a los inculpados.

Si la liberación del ex alcalde atendiera a un acto puro de justicia, como mínimo se habría destituido a los “expertos en contabilidad” del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por emitir un dictamen equivocado de la utilización de los fondos municipales. También se habría destituido al responsable de la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos, por su incapacidad para demostrar los delitos o la probable responsabilidad en la malversación de fondos públicos. Además, el mismo ex alcalde habría expuesto públicamente su pulcritud y reivindicado su honor mancillado por una investigación deficiente. Pero no sucedió nada de eso.

¿Dónde quedaron las serias deficiencias técnicas en la ejecución de obras?, ¿dónde las erogaciones improcedentes?, ¿y las erogaciones injustificadas?, ¿el faltante de documentación comprobatoria del gasto?, ¿los ingresos omitidos?, ¿los pagos en exceso en la ejecución de obras?, ¿los recursos ejercidos con fines distintos a sus objetivos?, ¿los saldos pendientes de comprobar?, y ¡¿dónde quedaron los 17 millones 362 mil 979.59 pesos?!

Nadie va a darnos respuestas. La alcaldesa y las regidoras y regidores están silbando. Quienes andan en campaña política electoral no consideran que la transparencia pueda ser un tema de campaña. Nadie cuestiona lo extraño que resultó la liberación del ex alcalde. Es mejor no ir contra la decisión del Jefe...

Dado que no esperamos respuestas y que nadie está dispuesto a darlas, quizá valdría la pena la constitución de una comisión ciudadana que acudiera al Cabildo para exigir que se conozca el dictamen técnico que emitió el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, y acudir también a la Procuraduría General de Justicia del Estado para conocer la averiguación previa que se originó a raíz de la presunta malversación de nuestros fondos públicos municipales.

La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la campante impunidad con que se protege a la corrupción debería ser suficiente para indignarnos. ¿por qué no sucede?

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