Resulta obvio decirlo pero nos encontramos en plena campaña electoral. No son los tiempos legales los que lo indican, sino las circunstancias reales. Actos de proselitismo, gastos por proselitismo, discursos de proselitismo, campañas de proselitismo, son algunos de los indicadores de que estamos en plena y abierta campaña política.

Hace unos meses decía, y hoy lo reitero: a algunos y algunas les estamos pagando la campaña política, puesto que, aunque les pagamos para legislar, lo que mayormente hacen es campaña política. Así tenemos a un senador que ha gastado casi todo su periodo como tal haciendo campaña política; o a diputados y diputadas que invierten más tiempo en campaña en sus municipios o distritos, que desempeñando sus funciones con eficacia.

El caso del senador constituye la mayor afrenta a la razón y el mayor desprecio por la ley. Lleva cinco años en campaña política, derrochando recursos para aparecer en los periódicos diciendo cualquier cosa y aprovechando todas las oportunidades, cubriendo de espectaculares las ciudades y aprovechando el espacio legislativo, únicamente para conseguir el siguiente objetivo, que es ser gobernador de Chiapas.

Hoy día ya no es el único. Se le han sumado otros y otras en ese objetivo. Curiosamente todos legisladores, lo que confirma lo que antes dije: les estamos pagando las campañas. Además, debiéramos advertir que ninguno de ellos se ha destacado por el servicio a la ciudadanía, por más que nos muestren fotografías en las que exhiben su ridiculez posando con amplias sonrisas frente a niños y niñas pobres, abrazados con indígenas, ancianas, madres solteras, etcétera.

Asistimos pues a una parafernalia política que, como dice el Subcomandante Marcos, tiene como objetivo que elijamos al próximo verdugo. Yo diría al próximo cacique del siglo XXI.

Si en Chiapas existiera el Estado de Derecho, como se pregona, es decir, si se respetaran las leyes, no se permitirían los actos de campaña que hoy día vemos. El Código de Elecciones y Participación Ciudadana les llama “actos anticipados de precampaña”. Se supone que la precampaña la hacen los aspirantes a ser candidatos por algún partido político; sin embargo, resulta bastante obvio que los aspirantes, hoy en día, se encuentran realizando proselitismo más allá de sus partidos, algunos bajo la excusa de los informes legislativos. Informes que, por cierto, nunca antes habían merecido tanta importancia y derroche de recursos.

Los actos anticipados de precampaña se encuentran sancionados por el Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Todo el capítulo primero del Libro Quinto se encuentra destinado al establecimiento de las sanciones en que incurre quien no respeta los tiempos y las reglas de equidad en el proceso electoral.

La persona ciudadana que no respeta los tiempos y formas del proceso puede ser sancionada incluso con la pérdida del derecho a registrarse como precandidata, y cuando la infracción la comete alguien que ya obtuvo la precandidatura, puede ser sancionado incluso con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato.

Teóricamente, los actos de los y las aspirantes que actualmente se promocionan deben ser sancionados. La Comisión de Fiscalización Electoral podría actuar de oficio ante la obviedad de la violación a la ley. Sin embargo, en la realidad tal parece que basta incorporar loas y agradecimientos al gobernador para asegurarse impunidad y continuar violando la ley electoral.

La coyuntura política evidencia la necesidad de modificar la Constitución local, cuestión por demás rutinaria en nuestra entidad, para impedir que en el futuro participen en cargos de elección popular quienes hayan desempeñado uno inmediatamente anterior. De esa manera, aseguraríamos que los juniors y trapecistas hicieran del engaño y simulación del servicio público, su modo de vida.

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